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El modelo de Prevención de Delitos -MPD- es el conjunto de herramientas y actividades que permiten evitar los delitos señalados en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho, Receptación, Administración Desleal, Soborno Privado, Negociación Incompatible.

Lavado de activos: Manipulación u ocultación de bienes con ánimo de lucro, sabiendo que tienen un origen ilícito.

Financiamiento del terrorismo: Manipulación de fondos para que se utilicen en la comisión de cualquier delito calificado como terrorismo.

Cohecho: Entrega a un funcionario público un beneficio económico a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo y/o para obtener o mantener cualquier negocio o ventaja indebidos.

Receptación: Cuando se adquiere, posee, compra o vende un bien de especie o procedencia desconocida, presumiblemente de robo o hurto, así como también se sanciona fomentar esta conducta.

Administración Desleal: El administrador que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

Soborno Privado: El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro.

Negociación Incompatible: El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarias.